El Congreso salvadoreño aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción que entró en vigor hace más de dos años como uno de los pilares del gobierno de Nayib Bukele en su política de mano dura para luchar contra las pandillas.
El estado de excepción, que suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado, ha sido renovado 26 veces. Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constituciones no puede exceder los 30 días y el gobierno del presidente Bukele ha ido prorrogándolo cada mes desde que se aprobó por primera vez el 27 de marzo de 2022.
La nueva extensión fue aprobada con los votos de 57 de los 60 diputados del nuevo Congreso, que está bajo control del oficialismo, y permanecerá vigente hasta el 11 de junio de 2024.
Desde que rige en El Salvador el estado de excepción, han sido detenidas 79.947 personas que las autoridades califican como terroristas y que en más de un 90% de los casos permanece en prisión sin sentencia judicial en su contra, según la actualización de datos presentada por el gobierno. El gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a uno 7.000 detenidos por falta de pruebas en su contra.
Organizaciones no gubernamentales aseguran que bajo el estado de excepción se han violentado derechos humanos y han demandado que se ponga fin la política de mano dura del gobierno. Siete organizaciones no gubernamentales informaron que han registrado 6.305 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluidas detenciones ilegales, arbitrarias, y tratos crueles. Además, reportan 244 muertes de personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado.
Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) votaron abstención el jueves y, durante el debate, el diputado Francisco Lira pidió sustituir el régimen de excepción por una medida permanente de seguridad que no violente los derechos humanos, pero no presentó ningún documento para discutirlo.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad aseguró en su petición al Congreso que el riesgo que suponen las pandillas se mantiene en El Salvador y consideró necesario continuar la medida hasta que el último de los pandilleros esté en la cárcel.
En la solicitud planteada por el gabinete de Seguridad, se indicó que en el gobierno de Bukele se han registrado 608 días sin muertes violentas y que, durante la vigencia de excepción, ha habido 497 días sin homicidios.
Bajo ese régimen, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó el año pasado reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia como integrante de pandillas, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, se aplican penas de 20 años de prisión para adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años de cárcel a los niños mayores de 12.
Según el gobierno, con las medidas extraordinarias la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6.665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 fallecimientos de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.
En lo que va de 2024 se contabilizan 45 homicidios, según datos oficiales.
El mismo jueves el Ministerio Público salvadoreño presentó en los Tribunales Contra el crimen Organizado un paquete de solicitudes para procesar en una sola causa a 1.739 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por el delito de agrupaciones ilícitas. Y precisó que el resto de los delitos que han cometido —entre ellos, homicidio, extorsión, portación y tenencia de armas y delitos relativos a las drogas— seguirán el debido proceso paralelamente.
Los procesados, que ya están recluidos en las cárceles, presuntamente formaban parte de 230 clicas o grupos de esta estructura criminal que operaba en todo el país.
La solicitud de agrupar en una sola causa de los pandilleros se basa en el decreto legislativo número 803, que faculta al Ministerio Público a presentar una sola causa contra miembros de pandillas que integran un mismo grupo y que operaban en la misma zona geográfica.
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