Un nuevo informe de Naciones Unidas sugirió el jueves que el gobierno talibán de línea dura en Afganistán ha suavizado su campaña para imponer un código de vestimenta islámico en lo que se refiere al uso del hijab por parte de las mujeres.
Sin embargo, la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) señaló en su informe trimestral que, en general, las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen talibán, continuaron.
Los talibanes han ordenado que las mujeres afganas usen lo que se denomina “hijab de la sharía” en público, cubriéndose el rostro por completo o mostrando solo los ojos. Las operaciones para hacer cumplir el código de vestimenta están a cargo del grupo del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.
Si bien la UNAMA siguió recibiendo informes sobre la aplicación de la instrucción del hijab por parte del ministerio talibán, el informe decía que “tales incidentes disminuyeron significativamente después de enero de 2024 con el cese de las acciones de aplicación a gran escala que tuvieron lugar entre diciembre de 2023 y enero de 2024".
El 11 de enero, la UNAMA dio la alarma sobre numerosos casos de niñas y mujeres en todo Afganistán, algunas recluidas en régimen de incomunicación, detenidas y otras presuntamente maltratadas por presunto incumplimiento del uso del hijab. Las autoridades talibanes en ese momento descartaron las preocupaciones de la ONU como “incorrectas” y “propaganda”.
El informe de este jueves de UNAMA señaló que el nuevo año escolar en Afganistán comenzó sin la presencia de niñas en las escuelas secundarias debido a la continua prohibición de los talibanes de la educación de las que terminan el sexto grado.
Una invitación para asistir a una ceremonia en Kabul que marcaba el comienzo del nuevo año académico, enviada a los medios por el Ministerio de Educación de facto, ordenaba específicamente a las mujeres periodistas que no asistieran, citando una “falta de lugares adecuados” para estas, explicaba el informe.
La UNAMA informó que los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación continúan operando en un entorno desafiante en Afganistán, donde los medios enfrentan una serie de restricciones impuestas por los talibanes y el riesgo de detenciones arbitrarias en el curso de su trabajo.
Las autoridades talibanes llevaron a cabo tres ejecuciones públicas de personas condenadas a muerte por cargos de asesinato, según el informe. Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, han ejecutado públicamente a cinco condenados por asesinato a pesar de los llamamientos de la ONU para que se ponga fin a la práctica.
"Las autoridades de facto también siguen aplicando castigos corporales judiciales en público, y esos castigos se aplican al menos en una provincia cada semana", afirmó la UNAMA.
Los talibanes han azotado públicamente a cientos de hombres y mujeres en estadios deportivos en presencia de miles de espectadores. Las víctimas fueron condenadas por delitos como hurto, robo, adulterio y otros “delitos morales” por tribunales talibanes.
A las mujeres afganas también se les ha excluido el acceso a muchos lugares de trabajo públicos y privados, incluidas las Naciones Unidas.
El líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, ha defendido su gobierno diciendo que está estrictamente en línea con la cultura local y la ley islámica. Ha desestimado las críticas internacionales a sus políticas y a la interpretación estricta de la ley islámica como una interferencia en los asuntos internos de Afganistán.
La comunidad internacional se ha negado a reconocer al gobierno talibán principalmente por su duro trato a las mujeres afganas.
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